*Ayer se desarrolló una audiencia más en uno de los “cuartos” del penal de varones de Iquitos.
*Debido a que le tocó declarar directamente al ex presidente regional de Loreto.
Como todos los días viernes de la semana, a partir de las 9 de la mañana, se vienen desarrollando las audiencias del caso denominado alcantarillado 2. Puesto que todavía hay un 3 y quizá hasta un 4.
Ayer el juez que desarrolla el mencionado proceso, Edgar Guillén, se tuvo que trasladar hasta un ambiente absolutamente pequeño del penal de varones, para poder escuchar directamente el testimonio del ex gobernador de Loreto Yván Vásquez, involucrado en el sonado caso del alcantarillado Lote 01 (PTAR-Estaciones de Bombeo).
Entre cinco puntos de su defensa hecha ayer, pareciera que el ex presidente siempre hubiera visto las fechas en que se podría complicar su situación legal a futuro, porque estaba de licencia en licencia.
Norman Lewis, vicepresidente de esos años, lo reemplazaba. Incluso en la licitación del alcantarillado a través de su brazo derecho, un joven que cuando llamaron a los chinos de la empresa Water & Electric, dijo estos ya habían viajado, pero que él entregaba su DNI para conocer el resultado de la millonaria licitación.
Pero Norman Lewis, nunca fue incluido en el proceso del alcantarillado. Sí de la ONG “Tangarana” que está próximo a su juicio oral en la CSJL.
Juez Edgar Guillén, hasta la fecha muestra cartas limpias a la hora de dictar sus sentencias. Ayer escuchó atentamente testimonio del ex gobernador regional.
Ayer no se pudo permanecer durante toda la audiencia en el “cuarto” ocupado debido a la estrechez, pero sí se pudieron captar algunas imágenes. Vásquez, a través de un monitor, leía los puntos de defensa. Sus conclusiones.
Fiscal Paul Peralta y representante de procuraduría escuchando descargo de Vásquez, a través de un proyector.
“Estuve de licencia cuando se culminó el proceso de contratación de la empresa China International Water & Electric, para la ejecución del Lote 1, cuando se emitió la no objeción del Jica a la contratación.
Me encontraba de licencia cuando se realizaron los actos administrativos, respecto de la aprobación del adicional y deductivo número 1.
Me encontraba de licencia cuando la empresa Contratista subcontrata a la empresa PSV Constructores Sac. Empresa que tuvo a cargo el hincado de pilotes.
El representante de la empresa PSV Constructores no fue incluido en la acusación.
El representante de la empresa China International Water & Electric y funcionarios de OPIPP, entre ellos el director ejecutivo y el asesor jurídico, quienes intervinieron de manera decisiva en la aprobación del adicional y deductivo 1- tampoco fueron comprendidos en la acusación” expresó ayer Vásquez Valera.
Y en ese punto tiene toda la razón. Nunca se ha comprendido cómo el asesor jurídico José Martín Rospigliosi Cruz, que empezó su carrera como fiscal en Iquitos y que luego fue captado por OPIPP (abril 2012 a febrero de 2015); no fue incluido en la denuncia penal del alcantarillado, cuando él era el que firmaba los informes legales para aprobar los adicionales solicitados.
Y siempre haciéndolo cerca de fiestas grandes como Navidad, 28 de Julio, cuando la gente estaba en pleno jolgorio y ni pensaba en el alcantarillado, pese a la debacle sufrida cuando caían las lluvias intensas.
Abogado José Rospigliosi Cruz.
Su hermano, casi su mellizo, trabajaba en la Contraloría Regional, quizá esa realidad lo llevó a que saliera librado de la grave denuncia penal por presunta colusión. Por ejemplo, contó lo ocurrido el 4 de julio del año 2012.
“La empresa China y la dirección de ingeniería le solicitan informe legal, si la entidad puede continuar con el trámite de pago considerando que las valorizaciones de obras adicionales no aprobados, sean como “provisionales” al amparo de lo señalado en la sub cláusula 12.3 de las consideraciones especiales del contrato con la empresa China.
Por lo que, teniendo en cuenta los precios pactados a través de un acta referido a partidas nuevas acordadas entre el ingeniero y el contratista, su personal ABSOLVIÓ la consulta mediante informe legal, recurriendo únicamente al contrato de consultoría 001-GRL-OPIPP, celebrado entre OPIPP y NJS (supervisora) del año 2010. Y como abogado su persona tenía que evidenciar si corresponde o no dentro del contrato la procedencia o improcedencia del pedido de consulta realizado por el director de ingeniería, por lo que luego de merituar y actuando dentro de sus funciones, LO ÚNICO QUE HIZO fue establecer la correspondencia de la base legal en el cual se podía continuar con el trámite de pago por ambos conceptos.
Tanto para la partida de costo directo, como partida de gastos generales” declaró Rospigliosi años pasados ante la fiscalía del Abog. Paul Peralta. Y ahí hubo de por medio una partida de obra de 93 millones 834 mil 303 soles. Ni más, ni menos.
Al final de su testimonio, dijo considerarse inocente (como Fujimori) de los hallazgos efectuados por la CONTRALORÍA, toda vez que estos no le habían señalado QUÉ PARTE DE SUS INFORMES LEGALES, no se encontraban de acuerdo a los contratos, es decir, en su aplicación.
Es decir, de la Contraloría, donde su hermano trabajaba en esos años difíciles que se hicieron y ventilaron las denuncias penales. “Lo cubrieron” como se dice criollamente, por lo que Rospigliosi Cruz, siguió litigando en Iquitos, como si no fuera responsable de nada. Siendo que expidió varios informes legales que daban “luz verde” a pagos al margen del contrato principal del alcantarillado. Y pagos millonarios. (Texto y fotos: Luz Marina Herrera Lama).