*Hizo lo que nunca antes se animó a hacer algún órgano de control, dentro de su misma casa judicial.
Desde que pisó la hermosa Amazonía y más aún el poder judicial de Loreto, puso firmeza en sus decisiones judiciales y, es más, hasta llamó muchas veces la atención a innumerables fiscales que presentaban sus investigaciones de manera caótica.
En las audiencias presenciales se pudo medir el temple de la jueza desde que inició sus labores en Loreto. Sencilla, pero distante, como debe ser toda autoridad que ostenta un cargo tan delicado como es administrar justicia.
Siempre debe andar con filtros en torno a las personas más cercanas. Su profesión y respeto hacia ella, se lo exige. Así como se le demanda a cualquier juez que honre su trayectoria, su labor.
La semana que pasó todo Loreto y parte judicial de la capital del Perú; se quedaron paralizados al conocer la noticia en torno a jueces de la CSJL que habían encarpetado muchos expedientes en sus oficinas (desde el año 2020).
Y no solo ahí, sino qué en una intervención prolija, llegaron hasta las casas de los jueces donde encontraron sendos expedientes judiciales. Impresionante.
Algunos dijeron “buitres” al conocer de la intervención, cuando más bien debieron salir a aplaudir la valiente acción de una jueza que iba a “chocar” contra el propio personal de la casa judicial donde labora.
Otros se quejaban diciendo que: “actúan así y no piensan en los hijos, en la familia”. ¿Y por qué ellos mismos no pensaron en sus hijitos y en su familia a la hora de cometer esos actos prohibidos según las normas legales?
Dizque que por pandemia llevaron expedientes para avanzar, que no tenían quién les ayude etc. etc. La pandemia fue fuerte en el 2020, luego Dios dio un respiro y volvió en el año 2021 y después fueron gripes leves. ¿Por qué no devolvieron expedientes de esas épocas y desde el propio 2023? No hay disculpa. De ninguna manera.
Fueron cuatro jueces los implicados en tamaño “descuido”. Beatriz Velásquez Condori. Erika Evanice Iberico Vega (esposa del fiscal Chávez). Marjorie Zuleika Pasquel García (ex esposa del fallecido abogado Serman de la Cruz) y Rider Martín Flores de la Cruz.
MAGISTRADA BEATRIZ VELÁSQUEZ CONDORI.
“En autos existe evidencia que la magistrada tiene cincuenta y ocho (58) expedientes en los que no se ha emitido sentencia pese a haberse vencido el plazo para ello, estando entre esos procesos penales que se vienen tramitando a nivel de Juzgado Penal Colegiado (como ponente o Presidenta) y Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, siendo el más antiguo el expediente N° 1753-2018-95, cuya sentencia tenía como fecha de lectura el 20.09.2021.
Es decir, a la fecha cuenta con más de dos años y un mes de retardo, ocasionando un claro perjuicio al proceso, pues dado el tiempo transcurrido, el mismo ha recaído en nulidad del juicio oral, al igual que los demás expedientes que se encuentran en lista. Existen fundados elementos de convicción que acreditan que la investigada ha incurrido en la comisión de infracciones disciplinarias muy graves, con lo que se cumple el primer presupuesto para dictar la medida de suspensión preventiva” señala la resolución de la inspección inopinada.
MAGISTRADA ERIKA EVANICE IBERICO VEGA.
“En autos existe evidencia que la magistrada tiene setenta y dos (72) procesos penales pendientes de emitir sentencia, los que se vienen tramitando en el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, en los que se debió emitir sentencia de conformidad sin que hasta la fecha se haya cumplido con dicha obligación; más aun tratándose de un juzgado que tramita procesos con juicios inmediatos – Flagrancia, que requieren ser resueltos con celeridad, pero que contradictoriamente se encuentran paralizados indebidamente.
Lo que ocasiona un claro perjuicio a dichos procesos y a los sujetos procesales, pues dado el tiempo transcurrido, los mismos han devenidos en nulos en atención a lo dispuesto en el artículo 372 inciso 2 del Código Procesal Penal. Estando a que tiene pendiente emitir setenta y dos sentencias en procesos de flagrancia, pese al poco tiempo que tiene en el cargo (cinco meses) y el grave e injustificado retardo procesal en que ha incurrido, acorde a las actas de audiencias obrante en autos y del Informe Preliminar de Visita Judicial Inopinada de Inspección y Verificación, emitido por la Jefa de la Unidad Descentralizada de Prevención, Supervisión e Inspección de la ODANC-LORETO.
Existen fundados elementos de convicción que acreditan que la investigada ha cometido infracciones disciplinarias muy graves, con lo que se cumple el primer presupuesto para dictar la medida de suspensión preventiva”.
La suspendieron del cargo para evitar la continuación y/o repetición de los hechos objeto de investigación, máximo si se tiene presente la gravedad de los hechos, esto es, un total de 72 procesos penales que se vieron perjudicados por la omisión incurrida.
EX MAGISTRADO RIDER MARTÍN FLORES DE LA CRUZ. Sin que fuera juez llevó expedientes a su casa.
“En autos existe evidencia que el ex magistrado cuenta con veinte (20) expedientes pendientes de emitir sentencia, estando entre ellos procesos penales que se vienen tramitando a nivel de Juzgado Penal Colegiado (como ponente) y Juzgado Penal Unipersonal de Maynas (donde se advirtió la existencia de procesos penales por faltas elevados en apelación), siendo el más antiguo el expediente N° 427-2018-0, que tenía como fecha de sentencia de vista desde el 27.01.2022, es decir, cuenta con un año y nueve meses de retardo.
Con lo que ocasiona un claro perjuicio al proceso y a los sujetos procesales, pues dado el tiempo transcurrido, los juicios orales han devenido en nulos, aparte del hecho que en el caso de las apelaciones de procesos penales por faltas provenientes de los Juzgados de Paz Letrado de Maynas es altamente probable que hayan prescrito” puntualizan.
“Se tiene qué pese a que el investigado ya no continúa siendo magistrado, de acuerdo a lo informado por la magistrada informante, se encontró en su domicilio real un total de diecinueve (19) expedientes judiciales, sin que medie autorización alguna para haberlos retirado de la sede de Corte”.
EX MAGISTRADA MARJORIE ZULEIKA PASQUEL GARCÍA.
“En autos existe evidencia que la ex magistrada dejó ciento treinta y siete (137) procesos penales pendientes de emitir sentencia, estando entre ellos procesos que se vienen tramitando a nivel de Juzgado Penal Colegiado (como ponente) y Juzgado Penal Unipersonal de Maynas (donde se advirtió la existencia de procesos inmediatos), siendo el más antiguo el expediente N° 343-2018-55, que tenía como fecha de emisión de sentencia integral el 03.08.2020.
Es decir, dicho proceso tiene tres años y dos meses de retardo, lo que evidencia un claro perjuicio al proceso y a los sujetos procesales, pues dado el tiempo transcurrido, el juicio oral ha devenido en nulo, siendo altamente probable que haya operado la prescripción de la acción penal; lo que es muy factible que esté ocurriendo con los demás procesos que se han identificado” remarca la resolución.
“Se encontró en su domicilio real (Cdra. 6 de la calle Samanez Ocampo), un total de cincuenta y cinco (55) expedientes judiciales, sin que medie autorización alguna para haberlos retirado de la sede de Corte; y, que fue gracias a que se realizó la visita de inspección, que pudieron ser ubicados y retornados al módulo penal y ser entregados a la Administradora del Módulo Penal, para que por su intermedio se devuelvan a los especialistas de causa, a fin de que se continúe con el trámite procesal correspondiente.
La indicada servidora, hace uso de su condición, aprovechando de que puede ingresar a las diferentes instalaciones y despachos de esta sede de corte a fin de poder retirar los expedientes, aun cuando dicho accionar no se encuentra permitido; lo que evidencia que resulta necesario la imposición de la medida cautelar de suspensión preventiva a fin de evitar la continuación y repetición de estos hechos, ya que, de esa forma, se restringe su acceso a los expedientes” precisan.
Dra. Bethy Vilma Palomino Pedraza, jefa de la unidad descentralizada de prevención, supervisión e inspección de la Odanc-Loreto.
IMPONER LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PREVENTIVA en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial, por el plazo de seis (06) meses, a la magistrada Beatriz Velásquez Condori, en su actuación como Jueza del Segundo Juzgado Penal Unipersonal del Primer Juzgado Penal Colegiado Conformado de Maynas, que se hará efectiva al momento de la notificación con la presente resolución.
IMPONER LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PREVENTIVA en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial, por el plazo de seis (06) meses, para la magistrada Erika Evanice Iberico Vega, en su actuación como Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, que se hará efectiva al momento de la notificación con la presente resolución.
IMPONER LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PREVENTIVA en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial, por el plazo de seis (06) meses, para el ex magistrado Rider Martín Flores de la Cruz, en su actuación como Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, que se hará efectiva al momento de la notificación con la presente resolución.
IMPONER LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PREVENTIVA en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial, por el plazo de seis (06) meses, para la ex magistrada Marjorie Zuleika Pasquel García, en su actuación como Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, que se hará efectiva al momento de la notificación con la presente resolución.
ASÍ DEBERÍAN HACER EN EL MINISTERIO PÚBLICO.
La noticia en general ha sido bien recibida por los ciudadanos y mucho más, por los que colocaron diversas quejas ante ODECMA, por el retraso de sus casos y el perjuicio causado.
Operativo como el conocido, no debe ser el único, deben seguir a fin de generar reacción entre los jueces que pueden seguir esas malas prácticas por interés o por cualquier otro tipo de situaciones incomprensibles. Y como dice un colega: “La liebre saltará más cuando se sepa el nombre de los involucrados en esos expedientes secuestrados”.
También el ministerio público debería accionar como lo ha hecho el poder judicial. Sin embargo, más de uno opina que la actual gestión de control en ese estamento, más bien sería “un convidado de piedra” ante tanta denuncia contra diversos fiscales que llega a su despacho. (Luz Marina Herrera Lama).