*Siguen en el periodo de presentación de documentos.
Como es de conocimiento público, en el juzgado de extinción de dominio, todos los viernes a las 9 am se vienen desarrollando audiencias del denominado caso emblemático: alcantarillado dos.
Trabajos concernientes a la ejecución del Lote 1, que agrupa los componentes: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR y estaciones de bombeo. Por estas semanas el fiscal anticorrupción viene presentando todas las pruebas documentales, que le llevaron a plantear la denuncia penal.
La última semana se trató sobre la reclamación que hizo la empresa China, a través de la supervisora, a OPIPP, de una ampliación de plazo dos, por trabajos que no pudieron ejecutarse. Lo que demandó mayores gastos generales. Un aproximado de 7 millones de soles.
En ese punto se tocó que habría habido colusión entre la empresa y Opipp siendo director ejecutivo Walter Ríos Babilonia. El abogado de Ríos, expresó que no pudo haber ese término, ya que recién el director de Opipp aprobó la ampliación de plazo el 16 de diciembre 2012. Cuando la NJS le envió carta a Opipp en setiembre 2012.
También se habló del emisor subfluvial de la Ptar, de quien dicen los abogados que sí estaba en la zona y que había fotos. El fiscal, respondió que cuando él visitó el lugar y de donde nació la denuncia; no estaba ese emisor. Que habría sido colocado después.
Abogados de involucrados en caso alcantarillado dos, protestaron por inasistencia del Procurador Anticorrupción.
Lo que sí molestó al fiscal, a los abogados defensores y al propio juez Guillén; fue la ausencia del Procurador Anticorrupción designado para sustentar su pedido de reparación civil de 1´400 mil soles.
La procuradora designada, debido a que 15 minutos antes el Procurador designado se había enfermado; ni siquiera había leído la parte principal del expediente.
Pidió reprogramación de audiencia al juez, éste de manera muy firme y clara, le dijo que no aceptaba su pedido y que más bien cursarían un pedido a la Procuraduría de la Nación, para que vea el accionar de los procuradores, pidiendo que se designe a una persona sana y apta para defender los bienes del Estado. (LMHL).