*A la fecha solo se ejecutó el 13.5% de recursos asignados para enfrentar efectos de El Niño.
*Contralor Shack dio balance de gestión enero -setiembre 2023 ante Comisión de Fiscalización del Congreso
Durante los primeros nueve meses del 2023, la Contraloría General ha identificado, como resultado de los servicios de control posterior, presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en 3969 funcionarios públicos involucrados en irregularidades cometidas en diversas entidades públicas en todo el país, informó el contralor general, Nelson Shack, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para presentar su informe de gestión institucional y otros temas.
“Tenemos que más de 1800 funcionarios pertenecen al Gobierno Nacional, más de 600 corresponden a instancias de Gobierno Regional y más de 1400 son de gobiernos locales. Este número va a crecer significativamente en los próximos tres meses de año y es que se realizará, esencialmente, el control posterior”, comentó,
Durante su presentación, mencionó que este año se espera concretar más de 45 mil servicios de control, pero enfatizó que se necesita fortalecer más las capacidades de los gestores públicos para que puedan reaccionar con mayor rapidez ante las alertas que emite la Contraloría a través de los servicios de control simultáneo que suman 30 351 al 30 de setiembre.
“El 24% de las 53 131 alertas que se emitieron al 30 de setiembre se han corregido, lo cual está bien, pero tenemos casi otra cuarta parte (24%) que no se han corregido y eso va a generar (el próximo año) la información necesaria para el deslinde de responsabilidades a través del control posterior”, acotó.
Contralor de la República, Nelson Shack.
*Efectos del control concurrente*
Otro tema abordado por el Contralor General fue la aplicación de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente, y detalló que en el 2022 se realizó esta modalidad de control simultáneo a un total de 588 obras públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, dando como resultado un total de 1085 hitos de control concurrente e identificando 3885 situaciones adversas.
Del total de situaciones adversas identificadas, el 54% (2087) son de tipo cualitativo tales como deficiencias en registros administrativo y/o procedimientos en la ejecución de una obra, retraso en plazos de ejecución programados, deficiencias en expediente técnico, inadecuadas prácticas de almacenamiento de materiales, entre otros; y el 46% (1798) de tipo cuantitativo como penalidades no ejecutadas, pagos por prestaciones no ejecutados, pagos por prestaciones parcialmente ejecutadas, ampliaciones de plazo no sustentados, garantías no retenidas, entre otros.
“El dimensionamiento de ese 46% de situaciones adversas son S/ 610 millones. Si todas las entidades operaran eficientemente o mitigaran las alertas emitidas por la Contraloría se hubiera producido un ahorro potencial de ese nivel. Sin embargo, solo el 22% se corrige oportunamente.
“Quien sanciona en la sociedad es el sistema de justicia, es el trabajo de la Procuraduría, Fiscalía y el Poder Judicial, hasta que no se resuelva eso entonces obviamente no habrá sanción. El año pasado la Contraloría imputó responsabilidades administrativas, civiles y penales a más de 8700 funcionarios públicos y hasta setiembre ninguno ha sido sancionado porque todos los procesos demoran muchísimo”, puntualizó.