El pasado miércoles los indígenas de cuatro comunidades amazónicas asistieron a la audiencia judicial de ejecución de sentencia en Nauta, donde relataron la afectación por la contaminación petrolera. Les dieron soporte legal los abogados de IDL Juan Carlos Ruiz Molleda y Maritza Quispe.
El Juzgado Mixto de Nauta, a pocos kilómetros de la ciudad de Iquitos, celebró la audiencia judicial de control de sentencia por el derrame petrolero del oleoducto norperuano que ocurrió en junio del 2014 en cuatro comunidades indígenas kukama a orillas del río Marañón en el distrito Urarina en Loreto.
En esta diligencia se exige el cumplimiento de la anterior sentencia ya dictada por el Poder Judicial en enero del 2018 que le ordena a la Gerencia Regional de Salud (GERESA) atender los efectos por la contaminación del crudo así como de la otra sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre del 2020, que le manda a la empresa estatal Petroperú pagarles una compensación económica, ambas infringidas a la fecha.
El representante legal de la petrolera estatal dijo que la sentencia constitucional apenas llevaba un año siendo incumplida. Ante esta incorrección, Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal que patrocina a los indígenas víctimas del desastre, no solamente expresó que representaba una burla para los nativos, sino que le recordó que también está incumpliendo el decreto supremo 81-2007-EM, el cual expresa rotundamente que ante cualquier daño ambiental, la petrolera estatal debe identificar a los afectados en un plazo máximo de quince días, también desobedecido.
Ruiz relató que sus patrocinados le indicaban que las medicinas enviadas por la GERESA llegaban faltando pocos días para que sean vencidas y que el personal sanitario destacado en las comunidades especialmente por el desastre, recibía incumplimiento en sus salarios por lo que dejaban de ir a atender. Resaltó que el río Marañón es parte fundamental de su economía.
Flor de María Pacaya Ahuanari relató que los niños de su comunidad nativa Nueva Esperanza vuelven a casa interrumpiendo sus clases de inicial porque presentan dolores de espalda, cabeza y vómitos por la contaminación con metales pesados en su cuerpo, acusando que el personal médico les manda a tomar paracetamol y comer más culantro, ante el juez Erick Vásquez Guevara y los funcionarios galenos de la GERESA presentes en la sala con sus uniformes.
Tras la diligencia, el juez podría sancionar con multas acumulativas y hasta destitución de funcionarios de Petroperú y la GERESA.
Armando Arce del Águila de la misma comunidad se quejó que las actividades económicas, siendo la principal la pesca, prácticamente se ha extinguido desde que acaeció la fuga del combustible crudo sobre el Marañón.
Kely Alfaro es ingeniera economista de la Universidad Nacional de Ingeniería y en junio del 2021 investigó en la zona para elaborar un informe de valoración económica del daño ocasionado por el desastre. Expuso como perito en la audiencia de ayer, donde explicó que existen servicios ecosistémicos que el medio ambiente provee a las comunidades nativas, los cuales se han visto sino cortados, radicalmente reducidos por el derrame del oleoducto, como los animales de caza, pesca, la producción agrícola, etc.
Entre diversa data recogida, la experta remarcó que son poco menos de treinta las especies animales de caza afectadas en su hábitat, una cifra semejante de especies fluviales para pesca, así como unas diecinueve plantas medicinales. Por ejemplo, para un nativo en la comunidad Cuninico salir a cazar un majaz, roedor cuya carne contiene alto valor nutricional, antes del derrame le tomaba unos diez minutos y hoy en día le quita unas cinco horas debido al desplazamiento de ejemplares que huyen de la contaminación.
Serían un total de doscientas siete familias afectadas entre las cuatro comunidades según el documento. Casi la mitad son de Cuninico, la comunidad más perjudicada en diversas variables, donde un 98% se dedica a la pesca.
Maritza Quispe también es abogada del Instituto de Defensa Legal y rechazó las pretensiones del representante legal de Petroperú sobre negociar a un acuerdo económico entre la estatal de hidrocarburos y las comunidades indígenas, instándolo a limitarse a cumplir con las sentencias y normas dictadas.
La antropóloga médica española Susana Ramírez Hita, ex docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú manifestó que, si bien el personal médico recogió muestras de sangre y orina, no se ha emitido un diagnóstico concreto de la contaminación por metales pesados en sus organismos. Contabilizó unas 1131 personas afectadas en las cuatro localidades, así como treintaiún abortos solamente en el año 2022. Veintisiete muertes en el mismo año sin un diagnóstico que pueda referir si tienen o no relación con el daño ambiental. Cuatro de estos decesos fueron por cáncer. Refirió que la mayoría de los niños toman analgésicos para dolencias varias y recomendó diagnosticar a la totalidad de la población.
El abogado Ruiz Molleda, contó que los indígenas le relataron que el gobernador regional de Loreto, Jorge Chávez Silvano, en una reunión semanas antes, respondió a sus quejas por la falta de presupuesto para la atención médica con improperios: “No hay plata”, “No es mi problema, es problema de la gestión anterior”.