*Remarca el Dr. Jorge Tacuri, abogado de AIDECOBAP, agregando que éstos son las comunidades, caseríos y localidades.
Como dice Defensoría del Pueblo, el hecho que hayan logrado el 2.5% de los barriles fiscalizados de petróleo para un fondo social de desarrollo del distrito del Puinahua, es algo muy significativo.
Sin embargo, la crisis parece centrarse en que los comuneros de la zona, no aceptan que la empresa Petro Tal y Perupetro; estén dentro del manejo de ese fondo social. Porque en el mismo contrato se lee que el Fondo Social, debe ser manejado por los beneficiarios, no por el Estado, ni por la empresa.
“Primero quiero condenar la campaña mediática que está promoviendo la empresa petrolera para deslegitimar y crear las condiciones a fin que se dé una nueva masacre en el Puinahua. Las comunidades están indignadas y hay un levantamiento de los Cocamas toda vez que le han solicitado de manera reiterada al Estado, su presencia.
Primero para verificar los impactos sociales y ambientales, pero nunca le interesó al Estado. Segundo para que la municipalidad también tenga participación en las discusiones y decisiones del fondo social que se conquistó. Y tercero porque las comunidades indígenas le han dicho a la empresa desde el año 2014 y 2015, que está destruyendo a la institucionalidad indígena.
“Tu quieres desaparecer a las comunidades, tu ni siquiera tienes área de relaciones comunitarias, tiene área social, no reconoce la existencia de las comunidades”. Creen que es un invento para extorsionar a la empresa petrolera. Todo eso han venido soportando las comunidades. Además de la impunidad de los 3 muertos y 10 heridos de bala.
Abog. Jorge Tacuro, defensa de AIDECOBAP, espera que el gobernador intervenga en conflicto social del Puinahua.
Todo eso se ha condensado en un momento en donde se discute cómo se gestiona un fondo social y ese fondo social las comunidades rechazan que lo maneje Perupetro y Petro Tal. Son quienes promueven las actividades petroleras y quienes causan el impacto ambiental y social. Entonces ellos no pueden gestionar un fondo de desarrollo” dice el abogado Jorge Tacuri.
¿Y quién específicamente debe manejarlo?
-Deben manejarlo los puinahuinos porque la modificación del contrato así lo manda. Remarca que lo tienen que manejas los beneficiarios que son las comunidades, los caseríos y localidades.
¿Y la municipalidad distrital?
-A la municipalidad le han maltratado, la han ninguneado, la han discriminado, no la han dejado participar, la están poniendo como un beneficiario más. O alguien que tiene que obedecer las órdenes de los petroleros.
Acá lo que está en juego es la autonomía del fondo de desarrollo. O lo maneja una petrolera con todos sus intereses para invisibilizar impactos ambientales ad portas de conseguir autorización para 60 mil barriles, para modificar el Estudio de Impacto Ambiental. Ahora están produciendo entre 20 a 25 mil barriles de petróleo.
Quieren llegar a 60 mil barriles, pero éstos saldrían de una zona cercana a la de amortiguamiento de la reserva Pacaya Samiria ¿es así?
-Sí, se desarrollan actividades en la zona de amortiguamiento. A mí me indigna mucho que los loretanos no reaccionen, así como reaccionaron frente a la contaminación de la cuenca del río Nanay. Parece que a nadie le importa la reserva Pacaya Samiria y que una empresa petrolera actúe con total impunidad y que promueva en esa zona una masacre en contra de los pueblos indígenas.
¿Seguirá el bloqueo, no hay posibilidad de diálogo?
-Hemos pedido al gobernador que utilice sus buenos oficios para que no haya una nueva masacre. Aidecobap siempre ha estado abierto al diálogo, pero lo que no va a permitir es que se dé para aplastarlos con engaños e invisibilizarlos. Esperamos la respuesta de la autoridad.
¿Exactamente qué pide Aidecobap?
-Aidecobap siempre ha dicho que el fondo social debe ser gestionado de manera sostenible, ser parte de un plan de desarrollo concertado a nivel distrital.
Solicita la participación de 2 delegados de la municipalidad, dos de la sociedad civil de Bretaña que no se reconocen indígenas. Dos de representantes de las comunidades y uno del ministerio de energía. Y como observadores el gobierno regional y Defensoría del Pueblo. Ese es el modelo, sin la participación de la petrolera y sin la presencia de Perupetro.