*Por falta de preparación para sustentar demanda de reparación civil, audiencia tuvo que reprogramarse para el 19 de junio.
Pese a que la obra del colegio “Santo Cristo de Bagazán”, tuvo un costo cercano a los 16 millones de soles, la Procuraduría Anticorrupción, en anterior pedido; solo demandó 80 mil soles de reparación civil en caso seguido contra el constructor Jorge Cabrera Salvatierra y otros.
El caso viene llegando a su fin en torno a lo que es investigación preparatoria, luego la jueza Erika Soto, decidirá si sube a juicio oral o no. Por lo pronto, las audiencias de investigación preparatoria han debido fenecer hace tiempo, pero uno de los atrasos parece ser la Procuraduría Anticorrupción de Iquitos, que se supone debe defender al máximo los intereses del Estado.
El pasado viernes a las 8 y 30 de la mañana, terminó de exponer su tesis el fiscal Paul Peralta. Luego se llamaba al procurador, vía virtual, pero no respondía nadie. La audiencia casi se frustra hasta el mes de agosto, pues la asistenta decía que podían desarrollar lo que faltaba en un solo día en ese mes.
La Dra. Erika Soto Quintanilla, se impuso, mencionando que no. Que se debía buscar una fecha más cercana. Incluso ella misma empezó a buscar, encontrando espacio para el 19 de junio a las 4 pm. La procuradora encargada, mencionó que no podía decir cuál era el monto que demandaban, ya que recién se estaba empapando del caso. Así está la procuraduría en Loreto.
Jueza del 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria, Dra. Erika Soto Quintanilla, hizo un llamado para que todos los involucrados estén de manera presencial en el poder judicial.
La jueza dejó muy en claro que el día 19 de junio, todos los involucrados deben asistir de manera presencial, no virtual. Y que no permitirá ausencia de abogados debidamente notificados, de lo contrario serían subrogados y multados.
Para algunos de los involucrados que habrían falsificado firmas ante Notaría, el MP solicita 5 años de pena privativa de la libertad efectiva. Mientras que para el constructor Jorge Cabrera y otro (Rivera Ruiz) considerado como autor dentro de la investigación, solicita al poder judicial 7 años y varios meses de cárcel efectiva.