CONTRALORÍA DETECTA CONTUBERNIO ENTRE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.
*Roy Saldaña, empezó como un muchachón sano en política, pero rápido aprendió los padrones de los políticos más denunciados de Loreto.
*Se cree intocable e inmune porque se rodea de la congresista Ana Zegarra Saboya, quien hace rato ha debido ser investigada por su tesis presuntamente copypega. Así como por su hermanísima, Luciane Zegarra, principal proveedora del gobierno regional de Loreto.
Con fecha de hoy martes 25 marzo 2025, la Contraloría General de la República ha publicado un informe, donde se aprecia un verdadero jardín de anomalías escandalosas en la obra de Remodelación de la Plaza de Armas de Yurimaguas, lo que podría ocasionar –al decir del órgano de control—un perjuicio económico para la municipalidad provincial de Alto Amazonas, que dirige el alcalde Roy Saldaña.
La nomenclatura oficial es como sigue: “REMODELACIÓN DE BANCA, SARDINEL, PAVIMENTO Y PILETA PUBLICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO” CUI N° 2598268.
De 701,213.66 soles a 4´406,623.39 soles
En la página 4 del Hito de Control N° 002-2025-OCI/0436-SCC, se puede leer: “Sobre el particular, el expediente técnico de la obra fue aprobado inicialmente mediante Resolución de Gerencia n.° 0547-2023-MPAA-GM de 3 de octubre de 2023, estableciéndose un plazo de ejecución de 120 días calendario bajo el sistema de contratación por contrata, con proceso de selección correspondiente a suma alzada. El valor referencial del proyecto asciende a la suma de S/ 701 213,66 (setecientos un mil doscientos trece y 66/00 soles), incluido IGV”.
Roy Saldaña. rapidito habría aprendido el camino oscuro de las sobrevaloraciones en obras. Aquí colocando el primer ladrillo en la Plaza de Armas de Yurimaguas.
En el párrafo siguiente dice: “Sin embargo, mediante oficio n.° 0389-2024-MPAA-DEyPIRFIB de 5 de setiembre de 2024, el Jefe de la División de Estudios y Proyectos remite a la Gerencia de Obras, Maquinaria y Equipos de la Entidad, el expediente técnico reformulado, para su aprobación; el cual se materializa mediante acto resolutivo de la Resolución de Gerencia n.° 0786-2024-MPAA-GM de 5 de setiembre de 2024, estableciéndose el plazo de ejecución de 150 días calendario bajo el sistema de contratación por contrata, con proceso de selección correspondiente a suma alzada, con un presupuesto calculado a precios unitarios al mes de setiembre de 2024 que asciende a S/ 4 406 623,39 (cuatro millones cuatrocientos seis mil seiscientos veintitrés y 39/100 soles), incluido IGV…”.
La Contraloría ha descubierto dos situaciones adversas. Aquí va la primera.
“CONTRATISTA Y FUNCIONARIOS COMPETENTES VULNERAN LA APLICACIÓN OBLIGATORIA DEL REGLAMENTO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA; SITUACIÓN QUE GENERARÍA UN POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD, POR EL RECONOCIMIENTO DE COSTOS NECESARIOS PARA VIABILIZAR SUSPENSIONES DE OBRA”.
Todo esto ha sido ocasionado porque los funcionarios y los contratistas incumplieron con las normas referentes al Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR) e hicieron caso omiso al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA). Ya, en el mismo proceso de licitación, el Ministerio de Cultura lo había advertido y hoy lo recuerda la propia Contraloría. Veamos un fragmento al respecto, lo cual se puede leer en la página 8 del Informe: “… sin embargo a la fecha no se ha recibido solicitud alguna respecto del CIRAS o del Plan de Monitoreo Arqueológico, asimismo que se le recuerda que la zona monumental de Yurimaguas, es integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, declarada con Resolución Directoral Nacional N° 078/INC de fecha de 5 de febrero de 2002”.
Ahí está contundente y meridianamente clara la posición del Ministerio de Cultura: “… la zona monumental de Yurimaguas, es integrante del Patrimonio Cultural de la Nación …”. Pero la municipalidad no se dio por enterada, tampoco sus funcionarios, ni la contratista, tampoco la supervisión y ahí están las consecuencias, poniendo en peligro la ejecución de la obra, con el consiguiente perjuicio económico. ¿Quién responde ahora? Si la fiscalizadora Ana Zegarra se pasea con el titular de pliego.
Ahora vamos con la segunda SITUACIÓN ADVERSA, descubierta por la Contraloría.
“FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS ACUERDAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, CONTRAVINIENDO CON LA NORMATIVA APLICABLE; DEBIDO A QUE EL EVENTO PRODUCIDO PARA DETERMINAR LA MISMA, RESULTABA ATRIBUIBLE A LAS PARTES; SITUACIÓN QUE GENERARÍA UN RETRASO EN LA CULMINACIÓN FÍSICA REAL DE LA OBRA”.
Más clara no puede ser la Contraloría. Todo esto se deriva del incumplimiento de la normatividad, creyéndose los reyezuelos y pensando que el poder no tiene fecha de vencimiento.